EL RIESGO PERMITIDO EN MATERIA PENAL ECONOMICA

Introducción: Vivir en la «Sociedad del Riesgo»

El riesgo permitido en materia penal economica.

En la actual «sociedad del riesgo», donde innumerables actividades cotidianas conllevan peligros inherentes, es esencial que el derecho establezca límites claros. No todo comportamiento que ponga en peligro un bien jurídico debe ser castigado. En este contexto, cobra una relevancia fundamental la figura del riesgo permitido, un concepto que actúa como excluyente de la punibilidad para conductas que, aunque riesgosas, son socialmente necesarias y beneficiosas.

¿Qué es el Riesgo Permitido?

El riesgo permitido es una institución jurídica que autoriza la realización de conductas que involucran un cierto nivel de peligro para bienes jurídicos, siempre que estas estén culturalmente aceptadas o reguladas por la ley. Se convierte así en una causa de exclusión de la tipicidad o de la antijuricidad, evitando que una conducta, aunque potencialmente lesiva, sea considerada un delito.

Este principio se aplica a una vasta gama de actividades indispensables para nuestra sociedad, como el transporte de combustible, la generación de energía, la investigación científica, la práctica médica, ciertos deportes de alto riesgo e industrias como la minería. En todos estos campos, se permite un nivel de riesgo superior al normal debido a la utilidad social que generan.

La tolerancia social o cultural también juega un papel clave. Por ejemplo, en algunas culturas se permite la caza tradicional a pesar de sus peligros. Lo mismo ocurre con actividades que conllevan un impacto ambiental controlado, como la agricultura o la ganadería.

Elementos Esenciales del Riesgo Permitido

Para que esta figura sea una causa válida de exclusión de la punibilidad, es esencial que existan al menos tres elementos:

  1. Riesgo Inherente a la Conducta: La actividad, por su naturaleza, debe implicar un peligro.
  2. Autorización Jurídica: Debe existir una permisión expresa o tácita por parte del ordenamiento jurídico.
  3. Justificación de la Actividad: La permisión del riesgo debe estar fundamentada en razones de utilidad social (los beneficios superan los costos) o de justicia (evitar sancionar conductas socialmente aceptadas).

El Riesgo Permitido en el Derecho Penal Económico

El Derecho Penal Económico se refiere al conjunto de normas destinadas a proteger el correcto funcionamiento de las estructuras económicas del Estado. Sus bienes jurídicos protegidos son tanto individuales (patrimonio, propiedad) como colectivos (orden económico, libertad de empresa, seguridad financiera).

En este ámbito, la determinación del riesgo permitido es una tarea especialmente compleja. Debe realizarse analizando factores como la naturaleza de la actividad, la magnitud del riesgo, la probabilidad de que ocurra un daño y la gravedad del mismo. Por esta razón, es crucial que los gobiernos regulen las actividades económicas de forma que se minimice el riesgo, otorgando así seguridad jurídica a quienes operan dentro de la ley.

¿Por Qué es Crucial para la Actividad Económica?

El concepto de riesgo permitido es fundamental para el Derecho Penal Económico por las siguientes razones:

  • Viabiliza la Economía: Permite la realización de actividades económicas esenciales, como la producción industrial, el transporte de mercancías o la prestación de servicios financieros, que de otro modo podrían ser paralizadas por el temor a la sanción penal.
  • Evita la Criminalización Excesiva: Impide que se castiguen conductas que, aunque conllevan un riesgo, son socialmente aceptadas y autorizadas.
  • Proporciona Seguridad Jurídica: Ofrece un marco de previsibilidad para los empresarios, permitiéndoles comprender los límites de su responsabilidad penal al ejercer sus actividades económicas.

Conclusión: Seguridad Jurídica para la Innovación y el Desarrollo

El conocimiento de los elementos y alcances del riesgo permitido es indispensable para los empresarios y directivos. No se trata de una licencia para actuar de forma negligente, sino de un pilar de la seguridad jurídica que permite la innovación, el desarrollo y el funcionamiento de una economía moderna y compleja. Al definir qué riesgos son aceptables, el derecho penal fomenta un entorno donde las empresas pueden operar, crecer y contribuir al bienestar social sin temor a una penalización injusta.

Bibliografía

  1. Artico, Juan Cruz. “El riesgo permitido como causa de exclusión de la antijuridicidad”. En Pensamiento Penal, vol. 24, n.º 1, 2017, pp. 1-27.
  2. Jakobs, Günther. Derecho penal. Parte general. 2.ª ed., trad. de Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano González de la Vega, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016.

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