El Principio de Non Reformatio in Peius: Límite Fundamental contra el Abuso Judicial
El principio non reformatio in peius, también conocido como «no agravar la situación del recurrente», es una garantía fundamental en el derecho procesal penal. Su propósito es claro: impedir que un juez de segunda instancia agrave la situación jurídica de quien ha recurrido en solitario. En otras palabras, quien impugna una decisión judicial no puede terminar en una posición peor que aquella en la que se encontraba antes de presentar su recurso.
Este principio, más que una simple norma procesal, es una garantía esencial de equidad y justicia. Su aplicación protege derechos fundamentales y refuerza la imparcialidad del proceso penal, evitando que una impugnación derive en un perjuicio indebido para el recurrente.
La jurisprudencia ha desarrollado ampliamente este principio. La Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia No. 031-10-SEP-CC, estableció con claridad que «una sentencia no puede ser modificada en perjuicio del acusado, en la clase y extensión de sus consecuencias jurídicas». Esto significa que si solo el procesado impugna, la decisión no puede volverse más gravosa; lo mismo aplica cuando el recurso es interpuesto por la fiscalía en beneficio del acusado.
Como señala Luis Enrique Lino en Los Recursos en el Proceso Penal, «la prohibición de reforma de la sentencia en perjuicio del recurrente tiene como propósito fundamental mantener la vigencia de garantías fundamentales como el derecho a la defensa y al debido proceso». Se trata de un mecanismo que refuerza la estabilidad de las decisiones judiciales y la confianza en el sistema.
En el Ecuador, este principio está recogido en el artículo 77, numeral 14, y en el artículo 652, numeral 7, del Código Orgánico Integral Penal. Su inclusión en la legislación garantiza la protección del acusado y evita posibles abusos judiciales. Permitir lo contrario abriría la puerta a arbitrariedades que socavarían la confianza en el sistema de justicia.
Más allá de su reconocimiento normativo, non reformatio in peius también actúa como un freno al punitivismo excesivo. Hoy en día, cuando el sistema penal debería consolidarse bajo un modelo acusatorio, vemos con preocupación un giro hacia prácticas cada vez más inquisitivas. Este fenómeno no es casualidad: responde, en gran medida, al desconocimiento de los principios básicos del derecho procesal penal por parte de muchas autoridades judiciales.
Ignorar este principio socava la base misma del debido proceso y convierte al sistema de justicia en una herramienta de castigo indiscriminado. No es una simple formalidad, sino una garantía estructural que evita el abuso de poder y protege la seguridad jurídica de todos los ciudadanos. Su aplicación rigurosa no es opcional, sino un deber ineludible de los operadores de justicia. Un Estado de derecho que tolere su violación erosiona su propia legitimidad y traiciona los principios fundamentales de justicia que debe defender.