La cuestión sobre si deberían los menores ser juzgados como adultos en Ecuador es un tema de constante debate. La delincuencia juvenil ha adquirido especial relevancia debido al incremento de delitos violentos cometidos por menores y su instrumentalización por parte del crimen organizado. Actualmente, el sistema penal juvenil en Ecuador está diseñado para priorizar la rehabilitación sobre la sanción, lo que ha generado cuestionamientos sobre su efectividad frente a casos de extrema gravedad.
En Estados Unidos, desde mediados del siglo XX, se implementó un mecanismo denominado «transferencia», que permite trasladar a menores infractores a la jurisdicción penal de adultos cuando se trata de delitos graves. Este procedimiento busca garantizar una respuesta penal proporcional, considerando la madurez cognitiva del menor y su capacidad para comprender la ilicitud de sus actos.
La posibilidad de adoptar un sistema similar en Ecuador ha generado discusión. Si bien la transferencia podría ofrecer una respuesta más contundente ante delitos graves, también plantea desafíos en términos de rehabilitación y reincidencia.
I. Fundamentos de la Imputabilidad y la Capacidad de Culpabilidad en Menores
El concepto de imputabilidad se ha entendido desde dos acepciones: en primer lugar, como la capacidad del sujeto para comprender la ilicitud de sus actos y dirigir su conducta en consecuencia; en segundo lugar, como la posibilidad de atribuirle responsabilidad penal por sus acciones. Por ejemplo, un menor de edad con un desarrollo cognitivo inmaduro puede no comprender plenamente las consecuencias de sus actos, lo que afectaría su imputabilidad. En contraste, un adulto con plenas facultades mentales sí puede ser considerado plenamente imputable.
El desarrollo de la capacidad cognitiva y de comprensión legal es un proceso gradual que se inicia en la niñez y se consolida durante la adolescencia. Durante los primeros años, el pensamiento opera en un nivel concreto, lo que limita la comprensión abstracta de las normas y las consecuencias de las acciones. A medida que el niño transita a la adolescencia, se produce una evolución que le permite comprender no solo el carácter represivo de la ley, sino también sus funciones organizativas y protectoras en la sociedad. Esta «capacidad atenuada» es un elemento importante en la valoración de la responsabilidad penal de los menores, ya que determina si resulta apropiado aplicar medidas de carácter diferenciado o, en ciertos casos, recurrir a un régimen penal más severo, como la transferencia a la justicia de adultos.
II. Mecanismos de Transferencia en Estados Unidos
En el sistema estadounidense, este problema se ha abordado con la transferencia de casos de la justicia penal juvenil a la de adultos. Se utiliza en situaciones donde se considera que el delito cometido es de alta gravedad o el menor representa un riesgo significativo para la sociedad. Este proceso se lleva a cabo mediante varios métodos, entre los cuales destacan:
Renuncia Judicial: Bajo este mecanismo, el juez evalúa, considerando la gravedad del delito y el desarrollo del adolescente infractor, si conviene «renunciar» a la competencia de la justicia juvenil y remitir el caso al sistema de adultos. La decisión se sustenta en criterios técnicos y en la valoración de la capacidad del menor para comprender el carácter ilícito del acto.
Exclusión Legislativa: Algunas leyes estatales establecen expresamente que ciertos delitos, por su gravedad, quedan excluidos de la competencia de la justicia juvenil. En estos casos, el legislador ha previsto de antemano que el tratamiento penal se realizará bajo el régimen ordinario de adultos.
Iniciativa de la Fiscalía: El Ministerio Público puede solicitar la transferencia cuando se considere que, debido a la peligrosidad del menor o a la gravedad del hecho, es más adecuado juzgar el caso en el sistema de adultos. Este mecanismo reconoce el criterio técnico y la discrecionalidad de la fiscalía para proteger a la sociedad.
III. Ejemplos Prácticos y Reflexiones sobre el Modelo Estadounidense
Existen varios ejemplos de casos de transferencia en el sistema penal de Estados Unidos. Si bien estos casos han servido para endurecer las penas contra menores infractores, también han generado debates sobre su efectividad en la rehabilitación y prevención del delito. Algunos estudios sugieren que la transferencia a la justicia de adultos puede aumentar la reincidencia en lugar de reducirla, ya que los menores procesados en el sistema penal de adultos tienen menos acceso a programas de reinserción y educación adecuados. Esto plantea la necesidad de evaluar con cautela la implementación de este tipo de medidas en otros contextos, considerando el equilibrio entre sanción y rehabilitación.
Uno de los más emblemáticos es el de Lionel Tate, quien recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 2001, tras ser declarado culpable del asesinato de Tiffany Eunick, una niña de seis años. Aunque Tate alegó que imitaba movimientos de lucha libre televisados, el jurado lo consideró responsable de «homicidio en primer grado». Este caso, procesado en Florida bajo la figura de remisión directa, ilustra cómo un niño de 12 años puede ser sometido a estándares penales diseñados para adultos. Tras una apelación, su sentencia fue reducida, pero el precedente de su enjuiciamiento como adulto sigue siendo un referente crítico en el debate sobre justicia juvenil.
Otro caso similar fue el de Lee Boyd Malvo, de 17 años, cómplice de John Allen Muhammad en una serie de ataques con rifle que dejaron 10 muertos. A pesar de su minoría de edad, Malvo fue procesado como adulto en Virginia y condenado a seis cadenas perpetuas sin libertad condicional.
En Ecuador, existen casos donde adolescentes infractores han participado en delitos de extrema gravedad. En 2022, un adolescente de 15 años fue partícipe en el asesinato del fiscal Édgar Escobar. De manera similar, en 2023, alias «Boquita», de apenas 13 años, participó en el secuestro de una pareja en Quito y en el asesinato de un policía en Esmeraldas.
IV. Implicaciones para Ecuador: Lecciones del Modelo Estadounidense
Para Ecuador, la experiencia estadounidense representa una oportunidad para repensar y reformar el sistema de justicia penal juvenil. Se recomienda realizar un estudio detallado sobre el impacto de la transferencia en la reincidencia juvenil y su efectividad en la rehabilitación. Asimismo, es importante fortalecer las políticas de prevención del delito y mejorar los programas de reinserción social. Antes de considerar la aplicación de la transferencia de menores, se debe garantizar que existan mecanismos efectivos para evitar su criminalización temprana y promover su rehabilitación dentro de un sistema que realmente contribuya a su reintegración en la sociedad.
Bibliografía:
Feld, B. C. (2017). The evolution of the juvenile court: Race, politics, and the criminalizing of juvenile justice. NYU Press.
Redding, R. E. (2003). The effects of transferring juveniles to adult court: A review of the empirical evidence. Youth Violence and Juvenile Justice, 1(1), 5-34.
Scott, E. S., & Steinberg, L. (2008). Adolescent development and the regulation of youth crime. The Future of Children, 18(2), 15-33.