En realidad, lo que también nos interesa desde la criminología para la paz es investigar la respuesta Estatal o la Política Pública para disminuir esta la delincuencia que afecta de forma global. Al plantearme esta investigación, la intención era estudiar un poco cuales han sido las políticas públicas para disminuir los problemas sociales que son germinadores de la criminalidad, pues creemos que el crimen es la manifestación visible de problemas sociales más profundos. Este hecho conduce a analizar la forma en que la política ha generado programas de prevención de drogas, de educación en valores, de cultura de paz, de equidad y género, de justicia social, entre cientos que podrían implementarse para mitigar los catalizadores del conflicto social o para disminuir los efectos de los hechos violentos.
Los políticos (aquellos que gobiernan) ante la incapacidad de resolver los problemas sociales han venido un generando desde los años setenta del siglo pasado un discurso y unas acciones institucionales que los criminólogos denominan “Populismo Punitivo” o “Poder Punitivo”. Esta forma de gobernanza que, lejos de evitar resolver los asuntos de necesidad social que produce la criminalidad, pretende controlar a la sociedad por medio del miedo, la violación de los derechos humanos, y la excesiva punitividad (es decir, tipificar como delito casi todo) desplazando la responsabilidad institucional de resolver los problemas sociales con la respuesta penal. Esto no compete al Derecho Penal y, además, viola algunos principios del Estado Social de Derecho como es la mínima intervención estatal y la utilización de la pena privativa de libertad como ultimo ratio.
Por otra parte, esta excesiva punitividad es un discurso que pretende deslegitimar los derechos humanos, en especial principios como la universalidad, indivisibilidad e inherencia como obstáculos para la seguridad. El discurso es que todo aquel que los invoque la vigilancia al debido proceso y el respeto a los derechos humanos se convierte en un defensor de criminales y traidor de la sociedad a la que pertenece, porque lo que se busca es controlar y castigar como forma de gobierno, y se usa el crimen como plataforma política para ganar elecciones, sin reparar en el uso de la violencia y sin importar las consecuencias que esta práctica de política genera, ya que, lejos de resolver los problemas los agrava aún más. Como principio básico, no se puede tener paz por medio de la violencia. La, respuesta como decía Johan Galtung, es: “si quieres paz prepárate para la paz”, pues los ciudadanos pierden su igualdad frente ante al Estado (o los gobernantes de turno), su libertad al existir más restricciones, es decir, sociedades verticales o policiales, y, por otra parte, sufren consecuencias más graves como por ejemplo los hacinamientos en las instituciones carcelarias y sus consecuentes dramas individuales y familiares, etc.
Cuando hablo de controlar me refiero al fenómeno de \»Gobernar por Medio del Derecho Penal\» para mayor compresión sobre cómo funciona cito: \»… las características más visibles y mejor tratadas de la gobernanza a través del delito se vincula con la práctica de sancionar, reprimir y privar la libertad de las personas. Pero gran parte de la tarea de gobernar a través del delito es equipar a los ciudadanos para la búsqueda individual (aunque valorada por la sociedad) de seguridad y justicia, y guiarlos en esa búsqueda. Ya no se trata de la tarea de imponer disciplina o sancionar. Muchos expertos en la materia han observado cómo el \»miedo al delito\» se ha transformado en una meta a los que orienta las acciones de gobierno; una cuestión menos tratada es a la ventaja relativa que supone apuntar hacia el \»miedo al delito\» y no al \»delito.\» [énfasis añadido][sic] (Simon, 2012, págs. 36-37)
Ante lo dicho, la \»Politización del delito\» casi siempre es una respuesta a una crisis gubernamental ante la falta de habilidad o de decisión para resolver las causas que generan la reacción social delictual. Las estructuras políticas comenzaron a recurrir al delito como un vehículo para construir un nuevo orden social autoritario, lo que no solo genera violencia directa, (p.e. la que sufre el ciudadano cuando es asaltado) sino que se genera un violencia estructural, cultural y simbólica pues se mitifica al crimen y al delincuente. Por tanto, las sociedades pierden libertades, le temen al Estado y le temen al delincuente, es decir, se obtiene menos paz.
Esta nueva corriente de masificación política del delito, alabada en gran parte por los medios de comunicación, ha producido que el derecho penal considerado en el estado liberal moderno “de última ratio\» comience a ser protagonista de los debates, relativizar los derechos humanos hasta definirlos como un \»estorbo\» para los intereses nacionales de la seguridad y las “guerras” contra la delincuencia, drogas y muchas otras. Este discurso pretende deslegitimar las garantías fundamentales, no solo del ciudadano penado o procesado, sino de todo aquel que reclama su espacio de libertad como derecho natural de los seres humanos. La seguridad jurídica solo es fundamental en la medida que sostenga la seguridad ciudadana, perdiendo su función garantizadora, sin citar la presunción de inocencia o menos aún de la mínima intervención estatal, fundamentos de los estados modernos y de las constituciones liberales de siglo XIX. Como consecuencia, el problema más evidente y preocupante como jurista, y criminólogo e investigador para la paz es que estamos en la línea de retroceder a un estado premoderno donde la libertad solo puede estar en manos de pocos y ante esta molesta realidad, por tanto, es nuestro deber diagnosticar el problema y plantear soluciones para que los derechos humanos sean garantizados plenamente por los Estados democráticos, donde la represión sea sustituida por la justicia y la armonía social: la paz.
Está claro que cuando se legisla para castigar y cuando se castiga como norma general, todo nuestro sistema de libertades y nuestros derechos humanos está seriamente en juego pues si el Estado excede los límites del contrato social, si se acepta esta forma desproporcionada del monopolio de la fuerza, se entrega poder sobre el ciudadano y, en último término, sobre su vida.
\»El derecho habla y cuando habla, no lo hace como todos nosotros –no es nuestro par, no es un igual– sino que, reclamando nuestra representación, se auto-asigna el poder de poner en marcha el aparato de la coerción estatal\». [sic] (GARGARELLA, 2011, págs. 1-2)
Cuando la normatividad se ajusta a este discurso violento cedemos nuestras libertades y le damos mayor poder al estado -entiéndase gobernante de turno- a imponerse sobre nuestras garantías básicas.
Las cámaras, asambleas y, en general todo aparato legislativo debería ser nuestra primera línea de defensa ante el amenazante problema de exceso punitivo. Sin embargo, al ser órganos de carácter político, las medidas \»populares\» tienen que tener una respuesta positiva ante la amenaza construida por el discurso populista punitivo. Los legisladores, en muchas ocasiones, se han convertido en los mejores voceros y repetidores del “alocución del miedo” y de primero “la seguridad frente a los derechos humanos”, quedando en manos de la justicia el destino de esta nueva normatividad inquisidora.
La administración de justicia -no los juristas y criminólogos que estamos llamados a ser defensores de la justicia y no solo de leyes- por su parte es incapaz de responder pues debe ejecutar las leyes que se crean sin razonamiento o sin debates legislativos. La mejor arma de este tipo de gobernanza siempre es la excusa de “emergencia” en su forma de “emergencia nacional”, lo que hace que algunas leyes no cumplan el proceso de la legislación y una debida y democrática discusión parlamentaria. Sin embargo, esto presenta dos retos: a) que la justicia penal no tiene la capacidad de resolver toda cantidad de procesos que se producen día a día, y menos aún los derivados de problemas sociales que terminaron en normas penales, y b) la permanente injerencia de los poderes públicos y los medios de comunicación (tipo -bullyng mediático y político) que se hace a los jueces cuando sus decisiones no se corresponden con los intereses de estos poderes y medios de comunicación. Cuando la ley habla a veces es violenta, y es más violenta cuando no es producto de la razón sino del miedo, dejando más problemas que soluciones reales.
Como se expone del informe anual del año 2017 de la Organización Human Wright Wacht: \»Los derechos humanos existen para proteger a las personas de los abusos y el desamparo de los gobiernos. Los derechos limitan lo que un Estado puede hacer e imponen obligaciones con respecto a cómo debe actuar. No obstante, en la actualidad, una nueva generación de populistas está malogrando estas garantías. Pretendiendo hablar en nombre del “pueblo”, consideran a los derechos un impedimento para lo que ellos entienden como la voluntad de la mayoría, un obstáculo superfluo que se interpone a la defensa de la nación frente a las amenazas y los males que supuestamente se ciernen sobre ella [sic].\» [énfasis añadido] (El peligroso avance del populismo: Ataques Globales a los valores de derechos humanos , 2019)
En resumen, el populismo penal refuerza un modelo autoritario de gobierno, que limita las libertades de los seres humanos al tener que perder parte de su privacidad personal so pretexto de la seguridad pública. Además, este tipo de políticas, cuando se convierten en normas jurídicas, disminuyen la relación de igualdad entre el Estado y el ciudadano, poniendo en riesgo el derecho a la vida. No sólo se contempla la posibilidad de ir a la cárcel por casi cualquier causa, sino que se otorga el derecho al Estado para que a se use la fuerza. También se pone en riesgo la seguridad jurídica de las personas pues las garantías procesales derivadas de los derechos humanos están siendo degradadas como una cuestión superficial y como un verdadero impedimento en el supuesto desarrollo de la justicia y la seguridad ciudadana. Así vemos que se pone de manifiesto que en los estados donde imperan estos discursos del miedo es dudoso el respeto a los derechos humanos, y esto en sí mismo pone en serias dudas la democracia y la paz ciudadana el discurso del populismo penal es una importante amenaza mundial.
Debemos regresar la mirada a Cesar Becaria, fundador del Derecho Penal Contemporáneo y quien sustentó las principales ideas del liberalismo penal, cuando expresa \»Hay que tener cuidado porque no es verdad que los castigos más crueles consigan algún efectivo. A medida que los castigos son más crueles, los hombres se endurecen y para que una pena obtenga su efecto basta, y esto es necesario tenerlo presente, que el mal sea superior al bien que sale del delito\» Es hora de poner el dedo en la llaga e investigar la tendencias involutivas que aquejan a este populismo penal y así \»… sirva para que algunos fijen su atención en estos problemas y para despertar algunas consciencias que en los últimos años parecen haber perdido una parte de su capacidad para enfrentarse críticamente con la realidad que nos rodea [sic] [énfasis añadido]” (Muñoz Conde, Prólogo del libro El Nuevo Derecho Penal)